En
la medida que se van desarrollando las grandes transformaciones en la sociedad
venezolana, influenciada naturalmente por un inminente fenómeno globalizador,
apoyado por el avance constante de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, los gobiernos indistintamente del nivel al que pertenezcan,
deben fundamentalmente mejorar las políticas públicas que prestan a la ciudadanía, en áreas vulnerables tales
como: salud, educación, vivienda, infraestructura, vialidades, desarrollo
económico, cultura, deporte entre otros; a través de mecanismos como la
descentralización en sus diferentes dimensiones: política, fiscal,
administrativa, territorial funcional y económica; que aunque no erradican las
problemáticas sociales, por lo menos reducen la brecha de la situación.
Cabe
destacar que, Venezuela inició su proceso descentralizador a finales del siglo
pasado con dimensiones política y administrativa para los gobiernos
subnacionales, es decir, en estados y municipios; instrumento que actualmente
tiene su aplicabilidad, aunque con cambios significativos respecto al manejo
administrativo, en cuanto la Asamblea Nacional dictó un acuerdo que se publicó
en la Gaceta Oficial Nº 39.155 de fecha 7 de abril de 2009, mediante el cual
autorizó la restitución inmediata del sistema de vialidades, donde se
estableció textualmente en el artículo 1:
Declarar la reversión
inmediata al Poder Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder
Popular para las Obras Públicas y Vivienda, de los bienes que conforman la infraestructura
vial y que en conjunto representan el patrimonio vial de la República
Bolivariana de Venezuela, transferidos a los estados que se señalan a
continuación: Amazonas, Aragua, Apure, Anzoátegui,
Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón,
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre,
Táchira, Trujillo, Yaracuy, Vargas y Zulia, así como las competencias para conservación,
administración y aprovechamiento que sobre ellos ejercen.
Ahora
bien, tal medida ocasionó sin lugar a duda efectos adversos a la ejecución de
políticas públicas en las comunicaciones viales en todo el país; por cuanto, no
es vinculante resolver problemáticas de arterias viales que se encuentran a miles
de kilómetros del organismo de adscripción inmediato, ubicado en la urbe
(ciudad imperial / hegemonía del poder / Caracas, en este caso), naturalmente
la capacidad de gestión se disipa por concentrar funciones de veintitrés (23)
estados en un solo organismo con competencia nacional, desvirtuando y
deteniendo así, la razón de ser de la descentralización, la cual “permite a los
gobiernos subnacionales estimular la participación ciudadana para un mejor sistema
redistributivo, más ecuánime, con mayor diferenciación y eficiencia en el
aprovisionamiento de bienes y servicios públicos”.
Fuente:
Elaborado por Lic. Derkis Arévalo (Junio, 2013).
En
ese mismo contexto, con la supresión de los mecanismos de financiamiento del
Fondo Intergubernamental para la Descentralización “FIDES” y la Ley de
Asignaciones Económicas Especiales “LAEE”; se quebrantó el proceso de
descentralización en cuanto a la autonomía funcional, administrativa y
financiera de los extintos instrumentos. En tal sentido, este mecanismo
permitía a las autoridades regionales elaborar el plan de inversión con
autonomía (obras o proyectos) del Estado y ser ejecutado de acuerdo a las
necesidades y carencias reales que las comunidades reflejaban, previo diagnóstico, logrando así,
tener canales de celeridad y eficacia en
la acción pública.
No
obstante, con la creación del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) a
través del Consejo Federal de Gobierno, instancia destinada según el artículo 22 de la (LOCFG) al “financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo
equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas
e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales y
la realización de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de
menor desarrollo relativo”; mecanismo finalmente activado que sustituyó dos
(2) fuentes de ingreso clave: el Fides y Laee.
El
gráfico anterior denota sin lugar a duda, la práctica retrógrada que se
efectuaban en el siglo XX por gobiernos con características autoritaritas,
totalitarista e incluso en sistemas democráticos, que arrastraban secuelas de
tales doctrinas, reavivando la centralización y el debilitamiento de los logros
alcanzado en cuanto a la descentralización, vulnerando su autonomía y
finalmente afectando la atención inmediata de los habitantes de una región ó
localidad según sea el caso.
En
efecto, estamos en presencia de una acción distorsionadora del sistema, ¿qué
papel juegan las instancias legislativas en las regiones y municipios?,
sencillamente no son más que estructuras aprobadoras de créditos, debilitadas
para actuar en un espacio geográfico de complacencia o simplemente operadores
políticos para aminorar a los adversarios, actores naturales de un sistema
democrático.
Finalmente,
este artículo pretende llamar a reflexión a la sociedad, para colocar en la
agenda pública nacional el tema de la descentralización, mecanismo exitoso en
otros países de la región para alcanzar el desarrollo sustentable y sostenible
con altos niveles de eficiencia y eficacia en las políticas públicas, de tal
manera que se superen los calificativos de instaurar practicas centralistas,
totalitaristas y autoritaritas que en su momento fueron el epicentro de una
época y hoy en día son antecedentes no placenteros de las arenas de poder.
Derkis Enrique Arévalo
Twitter: @derkisarevalo
Email:
deam153@gmail.com
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