domingo, 7 de julio de 2013

La Centralización en la Venezuela Socialista: una Práctica Retrógrada del Siglo Pasado. Caso de Estudio: Gobiernos Regionales (FIDES y LAEE).




En la medida que se van desarrollando las grandes transformaciones en la sociedad venezolana, influenciada naturalmente por un inminente fenómeno globalizador, apoyado por el avance constante de las tecnologías de la información y las comunicaciones, los gobiernos indistintamente del nivel al que pertenezcan, deben fundamentalmente mejorar las políticas públicas que prestan  a la ciudadanía, en áreas vulnerables tales como: salud, educación, vivienda, infraestructura, vialidades, desarrollo económico, cultura, deporte entre otros; a través de mecanismos como la descentralización en sus diferentes dimensiones: política, fiscal, administrativa, territorial funcional y económica; que aunque no erradican las problemáticas sociales, por lo menos reducen la brecha de la situación. 

Cabe destacar que, Venezuela inició su proceso descentralizador a finales del siglo pasado con dimensiones política y administrativa para los gobiernos subnacionales, es decir, en estados y municipios; instrumento que actualmente tiene su aplicabilidad, aunque con cambios significativos respecto al manejo administrativo, en cuanto la Asamblea Nacional dictó un acuerdo que se publicó en la Gaceta Oficial Nº 39.155 de fecha 7 de abril de 2009, mediante el cual autorizó la restitución inmediata del sistema de vialidades, donde se estableció textualmente en el artículo 1:
Declarar la reversión inmediata al Poder Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, de los bienes que conforman la infraestructura vial y que en conjunto representan el patrimonio vial de la República Bolivariana de Venezuela, transferidos a los estados que se señalan a continuación: Amazonas, Aragua, Apure, Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Vargas y Zulia, así como las competencias para conservación, administración y aprovechamiento que sobre ellos ejercen.
Ahora bien, tal medida ocasionó sin lugar a duda efectos adversos a la ejecución de políticas públicas en las comunicaciones viales en todo el país; por cuanto, no es vinculante resolver problemáticas de arterias viales que se encuentran a miles de kilómetros del organismo de adscripción inmediato, ubicado en la urbe (ciudad imperial / hegemonía del poder / Caracas, en este caso), naturalmente la capacidad de gestión se disipa por concentrar funciones de veintitrés (23) estados en un solo organismo con competencia nacional, desvirtuando y deteniendo así, la razón de ser de la descentralización, la cual “permite a los gobiernos subnacionales estimular la participación ciudadana para un mejor sistema redistributivo, más ecuánime, con mayor diferenciación y eficiencia en el aprovisionamiento de bienes y servicios públicos”.



Fuente: Elaborado por Lic. Derkis Arévalo (Junio, 2013).

En ese mismo contexto, con la supresión de los mecanismos de financiamiento del Fondo Intergubernamental para la Descentralización “FIDES” y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales “LAEE”; se quebrantó el proceso de descentralización en cuanto a la autonomía funcional, administrativa y financiera de los extintos instrumentos. En tal sentido, este mecanismo permitía a las autoridades regionales elaborar el plan de inversión con autonomía (obras o proyectos) del Estado y ser ejecutado de acuerdo a las necesidades y carencias reales que las comunidades  reflejaban, previo diagnóstico, logrando así, tener canales de celeridad y eficacia  en la acción pública.

No obstante, con la creación del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) a través del Consejo Federal de Gobierno, instancia destinada según el artículo 22 de la (LOCFG) al “financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales y la realización de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo”; mecanismo finalmente activado que sustituyó dos (2) fuentes de ingreso clave: el Fides y Laee.

El gráfico anterior denota sin lugar a duda, la práctica retrógrada que se efectuaban en el siglo XX por gobiernos con características autoritaritas, totalitarista e incluso en sistemas democráticos, que arrastraban secuelas de tales doctrinas, reavivando la centralización y el debilitamiento de los logros alcanzado en cuanto a la descentralización, vulnerando su autonomía y finalmente afectando la atención inmediata de los habitantes de una región ó localidad según sea el caso.

En efecto, estamos en presencia de una acción distorsionadora del sistema, ¿qué papel juegan las instancias legislativas en las regiones y municipios?, sencillamente no son más que estructuras aprobadoras de créditos, debilitadas para actuar en un espacio geográfico de complacencia o simplemente operadores políticos para aminorar a los adversarios, actores naturales de un sistema democrático.

Finalmente, este artículo pretende llamar a reflexión a la sociedad, para colocar en la agenda pública nacional el tema de la descentralización, mecanismo exitoso en otros países de la región para alcanzar el desarrollo sustentable y sostenible con altos niveles de eficiencia y eficacia en las políticas públicas, de tal manera que se superen los calificativos de instaurar practicas centralistas, totalitaristas y autoritaritas que en su momento fueron el epicentro de una época y hoy en día son antecedentes no placenteros de las arenas de poder.


Derkis Enrique Arévalo
Twitter: @derkisarevalo
Email: deam153@gmail.com

lunes, 17 de junio de 2013

La Influencia del Poder Político, logró una Conducta Inefable en el Sistema Nacional de Control y Fiscalización Pública



En el marco del desarrollo de un modelo de transformación de sociedad, que nació a finales del siglo pasado en Venezuela, hoy en día República Bolivariana de Venezuela, producto del desgaste de la población, en cuanto a aquellas políticas públicas vinculadas con un modelo de país bipartidista, pero con fuertes bases de lo que significaba los principios básico de una era democrática donde: la alternancia en el poder significaba una condición sine qua non para ejercerlo; asimismo, la independencia notoria de los poderes públicos del estado-nación, que no respondían a intereses meramente políticos, sino por el contrario respetaban la letra taxativamente del texto constitucional como norma que rige las conducta de todos los miembros de la sociedad venezolana.

En efecto, producto del desgaste del bipartidismo y muchos problemas asociados a la acción pública y distribución de las riquezas, fueron indudablemente los detonante de un cambio de rumbo, que al parecer para 1998 representaba una nueva era democrática con otra forma de hacer política, pero democrática; un hombre de filas castrense fue el encargado de materializar el sueño para los venezolanos; aquel hombre que a través de las armas intento sacar del poder al entonces Presidente democráticamente electo Carlos Andrés Pérez; sin embargo, tras su fallido golpe militar fracasado, años más tarde, luego de una conducta democrática por parte del Presidente Caldera le otorga la libertad; para el 98 llega al poder a través del sufragio con convicciones democráticas; que se fueron transformando por los elementos de la hegemonía del poder.

En ese mismo contexto, permítanme comparar al ex presidente Chávez con el actual mandatario nacional de Zimbabue desde 1980 (33 años en el poder), Robert Gabriel Mubage, “un libertador que se convirtió en tirano”; perfectamente vinculante con lo que representó aquel hombre que llenó de esperanza al pueblo venezolano, ayudo a los pobres a través del asistencialismo, dividió al país y sembró discordia entre los compatriotas, clasifico a los venezolanos de primera y segunda, de malos y buenos, de patriotas y apátridas; por el solo hecho natural de libre albedrío, “pensamiento diferente”; igualmente arrodillo a los poderes del estado, violó la carta magna dictando órdenes a la justicia para poner tras las rejas a una Juez que actuó en consonancia con las leyes.

Ahora bien, el uso del poder y la subordinación de los otros poderes del estado: judicial, moral, electoral y legislativo respecto al poder ejecutivo; eliminó la independencia que como principio básico de democracia alteraron el normal funcionamiento de la estructura del Estado y por consiguiente distorsionó las acciones que tales poderes tomarían en casos de corrupción de altos funcionarios de gobierno; a tal punto que las acciones que corresponden al poder judicial, son atribuidas por el ejecutivo.

Por tal motivo, el sistema de control interno en las instituciones del poder central y sus entes adscritos; se han convertidos en aparatos burocráticos de carácter político que no aplican mecanismos de rendición de cuenta en el uso de los dineros públicos: ejemplo de tales acciones son las sucedidas con el proyecto bus caracas, obra emblemática notoria, donde se aprobaban consecutivamente los recursos para darle ejecución y cada dos años nuevamente se les otorgaba (el ex presidente públicamente se quejaba de la ineficiencia) “llover sobre mojado”, claro está se logró la meta, pero costó mucho más; estamos en presencia de actos notables de corrupción; es allí, que los órganos de fiscalización y control deben de efectuar las auditorias respectivas y tomar acciones legales contra funcionarios que han desviados los fondos, caiga quien caiga…

Se observa con preocupación, que tales órganos de control, son simplemente figuras morosas que estructuralmente tienen un nombre, pero que inefablemente no ejerce los mandatos que la carta magna y demás leyes venezolanas le establecen… estamos sin lugar a duda, en un periodo de la Venezuela del siglo XXI con altos niveles de corrupción del Estado-Nación, mientras los poderes públicos están en los brazos de morfeo, abriendo expedientes que sólo quedan reflejados en entrevistas y títulos de diarios informativos, pero al final del día, son cómplices de la destrucción del erario público.

Finalmente, estamos llamados a engendrar un nuevo modelo de gestión pública, basados en la independencia de poderes, la transparencia en el uso adecuado de los dineros; la rendición de cuentas indistintamente del gobernante de turno, el poder político perverso no puede ejercerse para vulnerar los preceptos que la constitución de la República estableció por orden del poder popular, hemos vuelto a prácticas retrógradas de principios del siglo XX, con autoritarismo, totalitarismo y centralismo.